Plazo a tiendas de ropa. No cines privados


Por: Progreso Semanal

Los privados (cuentapropistas) que bajo la licencia de modistas y sastres venden ropa producida industrialmente e importada, podrán liquidar las existencias de estas hasta el día 31 de diciembre próximo.  A los vendedores de artículos para el hogar, generalmente comprados por estos en las tiendas oficiales y revendidos posteriormente, también se les aplica la disposición que los extiende hasta el último día del año.

La decisión fue tomada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y anunciada en la madrugada de hoy por el diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC).  La decisión de permitir liquidar las existencias responde a solicitudes de los que ejercen estas actividades, precisa la nota.

La prohibición inmediata aplica a las salas particulares de cine en 3D, un negocio que venía proliferando. Estas proyecciones se realizaban en centros gastronómicos o bares-clubes capitalinos en horarios matinales de los domingos. Pero también operaban en las viviendas de no pocos ciudadano que encontraron  un nicho atractivo en el mercado con estas proyecciones. Los precios a los cinéfilos oscilaban entre los 3 CUC (Pesos Convertibles) en bares-clubes donde los asistentes recibían, además de los espejuelos apropiados para ver este tipo de producciones, un refresco y palomitas de maíz. Pero en las salas que operaban en viviendas, tanto en la capital como en el interior del país, la entrada costaba unos 25 a 40 Pesos Cubanos (CUP).

Según la nota oficial publicada en Granma, la venta de ropa industrial y la de útiles para el hogar no está amparada en la licencia original otorgada a miles de cuentapropistas. Estos alegan que llevan al menos dos años vendiendo dichos productos a  la luz pública y no se les habían aplicado la legislación ni recibido indicaciones al respecto por parte de los inspectores. “¿Por qué ahora?” es la pregunta que hacen y lanzan como respuesta cuando son entrevistados por nuestros reporteros.

La decisión ha reiterado que la extensión concedida –de manera “excepcional”– trata de satisfacer los reclamos de los comerciantes para liquidar las existencias, en el caso de los sastres, modistas y vendedores de útiles del hogar. La decisión oficial, según cálculos extraoficiales, toca de manera directa a unas 14 mil personas solo en el populoso municipio de Centro-Habana. Indirectamente, la cifra, en ese municipio, habría que multiplicarla por tres: un par de empleados y el comerciante que les vendía merienda y/o almuerzo.

“Aquellos que decidan no continuar ejerciendo como “Modista o Sastre” y “Productor Vendedor de artículos varios de uso en el hogar”, porque ciertamente nunca se enmarcaron en el alcance definido o simplemente no ejercen esos oficios, deben devolver la autorización otorgada antes del 20 de enero del 2014 y quedan eximidos del pago de la cuota mensual impositiva del mes en que causen baja”, dice la nota oficial.

Para los cines privados, cifra indeterminada, la prohibición es inmediata.

En días pasados Marta Elena Feitó Cabrera, viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, había adelantado que no existía ninguna autorización para proyección de películas. “En los años 90 se restringió este tipo de actividad por las implicaciones que en ese momento tenían para la seguridad del país, y por la posible proyección de materiales pornográficos, entre otros”.

La funcionaria agregó que “en el mundo existen experiencias de cómo regularlas, que incluyen hasta la posibilidad de descargar las películas de algún servidor. Continuamos realizando estudios para promover la gestión de políticas con respecto a esta actividad, lo que se implementará en el futuro”, según informó Juventud Rebelde en un amplio reportaje publicado el pasado 26 de octubre.

Además del de la “seguridad del país”, otros agumentos que se manejaron invocaron la “política cultural”. Roberto Smith, presidente del ICAIC, fue rotundo: “Si en un futuro existieran salas de proyección operadas por mecanismos no estatales que ayudaran a lograr más eficiencia, la programación aun seguiría siendo cuestión del ICAIC, por la importancia de cumplir con la política cultural trazada”, expresó.

Fernando Rojas, viceministro de Cultura insistió, por su parte, en la dimensión estética de la propuesta 3D: “Lo que sí llama la atención es que, como regla, posee un pésimo gusto una parte considerable de las personas que cuentan con bastantes recursos financieros y por ende, con los medios para las exhibiciones en 3D —con las cuales ganan más dinero—, a pesar de que no existe la figura legal que los ampare para poderlo hacer.”

El propio viceministro se preguntaba “¿Qué hacer entonces: prohibir o regular? Creo que se trata de regular, a partir de una premisa fundamental: el cumplimiento por todos y todas de lo que establece la política cultural. (…) nuestro interés no es limitar estas ofertas, sino lograr que se promuevan, repito, productos culturales de mayor calidad»

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