Washington debiera colaborar con La Habana


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Por: Sarah Stephen*|WASHINGTON, DC 

El gobierno de Cuba ha dado pasos unilaterales en contra del terrorismo global, y este paso merece una repuesta positiva de Estados Unidos. Según despachos de prensa, el presidente Raúl Castro firmó un decreto “para congelar de inmediato fondos de bancos extranjeros vinculados a grupos del terror, incluyendo a Al Qaeda y al Talibán”.

AFP, la agencia francesa de noticias, señaló que Cuba regula de manera más estricta a las once instituciones financiera que operan en la Isla de lo que lo hacen sus vecinos caribeños que funcionan como paraísos fiscales.

La gran ironía de esto –más que una ironía, una injusticia– es que la acción de Cuba llega en un momento en que los diplomáticos cubanos que operan en Washington y Nueva York están empeñados en encontrar bancos dispuestos a ofrecer transacciones financieras por sus servicios consulares, debido a que Cuba se encuentra (falsamente) incluida por el gobierno de Estados Unidos en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

La designación como estado patrocinador le hace daño económicamente; incrementa sus costos y complica su capacidad para realizar transacciones financieras en la economía global, y limita su acceso a importaciones, tecnología y servicios que son cruciales para el sustento y bienestar del pueblo cubano. Cuba paga un alto precio por algo que no es cierto.

Cuando el Departamento de Estado publicó el año pasado su perspectiva de los Estados  Patrocinadores del Terrorismo, las 206 palabras dedicadas a Cuba (en comparación, el regaño a Irán tomó más de 900 palabras) no contenían evidencia convincente para mantenerla en la lista. En su lugar, el Departamento de Estado llamaba la atención acerca del patrocinio de Cuba de las conversaciones de paz para solucionar la guerra civil en Colombia, y dijo que “no hay indicios de que el gobierno cubano suministre armas o entrenamiento paramilitar a grupos terroristas”.

Cuba, que no es una amenaza militar para EE.UU., que dejó de apoyar a las insurgencias extranjeras (después de que sus tropas ayudaran a terminar con el apartheid en Sudáfrica) permanece en esta lista por razones puramente políticas.

Es desafortunado que la relación EE.UU.-Cuba esté congelada por nuestra dependencia en una diplomacia de quid pro quo, es decir, EE.UU. se niega a actuar a no ser que Cuba haga primero lo que nosotros queremos que haga. Los seguidores de la línea dura  que favorecen este enfoque nunca han comprendido cuánto poder confiere esto a La Habana sobre la capacidad de Washington para buscar el interés nacional norteamericano. Sin embargo, es aún peor cuando Cuba, en busca de sus propios intereses, satisface una condición de la  política norteamericana, pero en respuesta no es reconocida por el gobierno de EE.UU.

El presidente Obama tiene autoridad ejecutiva para eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y debiera usarla. En vez de estigmatizar a Cuba, EE.UU. debiera colaborar con Cuba –como propuso un grupo de diplomáticos ciudadanos de EE.UU.-Cuba– para cooperar en esfuerzos antiterroristas, negociar un protocolo para manejar las crisis de seguridad, y revisar la condena de individuos que han violado las leyes respectivas como consecuencia de acciones realizadas a favor de ambos gobiernos.

Justamente el año pasado, el presidente dijo a una audiencia en Miami que, cuando se trata de Cuba, debemos ser “creativos” y “reflexivos” y que “tenemos que continuar actualizando nuestras políticas”. Esta es una oportunidad para que él cumpla su palabra.

*Sarah Stephens es la directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Américas. Activista de derechos humanos durante mucho tiempo, Sarah comenzó su trabajo en la década de 1980 en El Rescate, un centro para refugiados centroamericanos en Los Ángeles, y luego trabajó para el Comité Político de Mujeres de Hollywood en asuntos de derechos humanos de 1990 a 1991. Posteriormente fundó y dirigió Artistas por un Estados Unidos Libre de Odio, una organización apoyada por la industria con el objetivo de alentar la participación de jóvenes en asuntos de derechos humanos y civiles.

(Tomado del sitio web CDA. Traducido por Progreso Semanal)

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