Radiografía de la violencia antichavista (trabajo especial)


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Por Franco Vielma/ Cubainformación

La violencia instrumentada por el antichavismo en Venezuela no debe entenderse a secas como actos dispersos que podamos banalizar o simplificar. Podrían considerarse acciones articuladas, nada inocentes, que se deslindan de expresiones espontáneas producto del malestar social.

Si se caracteriza al detalle las formas de violencia en vigor y a manos del antichavismo venezolano, encontraremos en ellas un planteamiento claramente pre-bélico, altamente peligroso y, en esencia, preámbulo de otras situaciones ya replicadas en países como Libia, Siria y Ucrania en tiempo recientes. Veamos:

Caracterización de la escalada violenta

Revolución de colores. Empleados de manera consistente en más de una década, los elementos señalados por Gene Sharp en su manual de golpes de Estado sobre el “calentamiento de calle” tuvieron su punto más alto en Venezuela durante #LaSalida de 2014. No obstante en 2017, la reedición de estos ““métodos de lucha” signados por movilización de masas, trancas, plantones e intentos de toma de edificios públicos, se han aplicado de manera más elaborada bajo el relato argumental de la “resistencia pacífica” y la “protesta no violenta”.

Camuflada bajo esa presentación, la violencia articulada parte desde propósitos simples, pero muy bien fabricados: la presentación del Estado venezolano como un factor “represor” que impide la “protesta pacífica”, la presentación en el extranjero de una supuesta “lucha pacífica” que estalla en violencia “a causa del régimen”, la proyección mediática desproporcionada de violencia desbordada, la omisión de los hechos detrás de cada muerte, y la fabricación de conmociones para instancias internacionales.

Protesta polivalente. Para los autores de la violencia, los peligros de desescalada son grandes, dadas cuestiones elementales en eventos de estas características: el grueso de apoyo de la población a las protestas es insostenible por tiempos (indefinidos) políticamente prolongados. Experiencias como #LaSalida 2014, guarimbas 2007, Militares en Plaza Altamira, entre otras, son referencia de ello.

He ahí que en 2017 han diseñado modelos de protestas polivalentes, que inhiban situaciones de desgaste y mantengan la cohesión y apoyo de los seguidores de la MUD. Con el objetivo de que sirvan para la proyección de multitudes contra el chavismo y de retaguardia de los grupos de choque, que tienen el rol de construir el expediente sangriento que legitimen en el extranjero acciones coercitivas contra el gobierno de Venezuela. Las modalidades de marchas, trancas, plantones, guarimbas, marchas silenciosas y ahora marchas por grupos de edad y género (mujeres, estudiantes, tercera edad) en esencia se presentan como facetas pacíficas y legales de la protesta.

Pero son telón de fondo para que la violencia articulada y planificada, -la que genera los “muertos necesarios”- no quede aislada como en 2014, cuando las guarimbas y barricadas confinaron la escalada violenta a grupos reducidos cuasi-paramilitarizados que se atrincheraron en urbanizaciones de la clase media en varias ciudades venezolanas. El antichavismo intenta eludir esto. De ahí que el marco de probabilidad de hechos violentos no es exclusivo ahora a los conatos de barricadas y “tierras de nadie” en zonas naturales de la oposición en varias ciudades. Ahora también existe en espacios de confrontación callejera, en “espacios vivos de la protesta”, donde cayeron jóvenes en extrañas circunstancias (entre los que destacan, por su relevancia mediática, Armando Cañizales y Juan Pablo Pernalete).

La violencia de 2017 cuenta con avales políticos extranjeros inexistentes en 2014

Inserción de terrorismo y paramilitarismo en etapa germinal. La profanación de cementerios y colocación de urnas como barricadas, el uso de violencia planificada y brutal contra bienes y personas, el ataque planificado contra órganos de seguridad, la articulación del saqueo y el pillaje, la participación de factores hamponiles en la violencia propiciada, los conatos de barricadas y propagación de caos urbano y la violencia desproporcionada en protestas contra personas en clara búsqueda de saldos de sangre, son todas situaciones-expresiones-símbolos que apuntan a la instalación de estadios de terror.

Hay una clara semiótica coincidente con los hechos, de que la escalada violenta antichavista de 2017 intenta más allá de sostenerse, revitalizarse, redimensionarse y ascender a nuevas categorías y presentaciones de la violencia. Entiéndase con esto que se podría presentar como una insurrección civil, el desarrollo de acción violenta armada de manera progresiva y ascendente, umbral exacto de una confrontación civil. O al menos esta podría ser la clara aspiración de quienes necesitan la conmoción para desplazar al chavismo.

Hay condiciones elementales que ya están dadas para esos fines. Por un lado, nuevamente se intentan desmembrar los frágiles pactos de convivencia que rigen la sociedad venezolana. Han sido sometidos a la mella de la crisis institucional y choque de poderes que la derecha venezolana ha inducido luego de tomar el parlamento. Ahora, más de un año después, han trasladado esa situación-conflicto a las calles del país.

Por otro lado, los niveles de sublimación, legitimación de la violencia y exasperación de la población, alcanzaron su pico más alto en 2016 con el afincamiento del boicot económico, cuestión que ha servido no solo para la generación de legítimos descontentos sociales, sino que ha propiciado condiciones para el desbordamiento, la rabia socialmente practicada y el encarrilamiento de la furia mediante operaciones psicológicas y planes políticos.

Apoyo extranjero. La legitimación de los actos violentos de la derecha venezolana desde el extranjero son una pieza clave. La violencia de 2017 cuenta con avales políticos con los que no contaron en 2014. El rol de la OEA, el Departamento de Estado norteamericano, lobbystas en el Senado norteamericano como Marco Rubio e Ileana Ros, y en otras esferas, actores regionales como Macri, Temer y Kuczynski, han jugado un rol clave en la estructuración de un bloque antichavista continental que políticamente patrocina el derrocamiento del chavismo.

Para una intervención en Venezuela, el gobierno de EEUU cuenta incluso con condiciones regionales más favorables que con las que contaron para bombardear a Libia, tomando en cuenta que la Unión Africana casi en pleno se plantó en rechazo a esa intervención. Ese dato no es menor.

La legitimación de la violencia antichavista desde tribunas políticas, medios y demás espacios de opinión pública en el contexto del continente americano y Europa, revisten en esencia una manufacturación de consenso de proporciones inéditas. Recientemente el director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Exteriores de Rusia, Alexánder Schetinin, instó a la comunidad internacional para que abogue por el restablecimiento del diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana para tratar de buscar una salida a la actual crisis, declaró a RT que “algunos organismos regionales y países de América Latina son responsables, en parte, de la violencia y muertes de las últimas semanas en Venezuela”.

La convocatoria a una solución electoral viable vía Asamblea Constituyente es clave

¿Es indetenible el ciclo violento?

Las variables para detener el ciclo violento del antichavismo venezolano, como sus causas, también son múltiples y vienen desde diversas direcciones.

Aunque según la encuestadora Hinterlaces el 80% de la población venezolana condena los hechos violentos de las recientes semanas, es en esencia una percepción subjetiva que debemos presumir, no es de carácter vinculante ni determinante a la agenda golpista del antichavismo venezolano. Es decir, poco cuenta para la MUD el rechazo a la violencia, simplemente la instrumentan para sus fines.

Pero esa subjetividad venezolana, mayoritariamente adversa al ciclo violento, no es de desestimar, especialmente para conformar otros contextos y otras imposiciones de agenda, esta vez, de la mano del chavismo.

La convocatoria a una solución electoral políticamente viable vía Asamblea Constituyente es clave, pero no debemos desestimar si para la derecha venezolana, la convocatoria a elecciones regionales pendientes les puede desarticular entre quienes quieren “el todo” bajo la premisa de la inviable ruta de las “elecciones generales” (inexistentes como vía política en nuestra Constitución para resolver conflictos) y quienes aspiran cuotas de poder en regiones para esperar estratégicamente el año 2018.

Hay otro factor con el que el fascismo venezolano no contaba y fue una acción absolutamente pensada para circunstancias como las actuales. Las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) se instrumentaron para destruir nichos de violencia dura. Desde su entrada en funcionamiento, han desarticulado más bandas paramilitares que cualquier incursión fronteriza desplegada por nuestros organismos de seguridad. Desde sus inicios han sido un golpe contundente a estos grupos y sus pretensiones de controlar porciones estratégicas del territorio. Al día de hoy los planes de quienes patrocinan la violencia han quedado parcialmente desbalanceados debido a las OLP, ya que el control territorial de las bandas armadas paramilitarizadas eran de vital importancia para la ejecución de tareas y operaciones que en las circunstancias actuales habrían generado centenas de muertes. Esto no implica que no haya hasta el momento células terroristas por activarse.

Otra cuestión a sopesar es el imaginario opositor, su subjetividad cortoplacista y triunfal, que se construye sobre expectativas inducidas por su dirigencia. El replanteamiento del ciclo violento también estará determinado por los niveles de buena salud o desgaste de la convocatoria opositora. Yace en ese factor de agotamiento o no, la capacidad de maniobra del chavismo y de la dirigencia de la MUD para sostener por largo trecho una pulseada por la calle como espacio político. Pero es para la MUD donde recae la urgencia de sostener sus espacios y convocatoria.

La MUD teme, y no es para menos, que caídas consistentes en su convocatoria puedan mellar y aislar los factores violentos, lidiando con el grave riesgo (para ellos) de que la legitimación social a los resultados y expectativas creadas alrededor de esta etapa, se debilite a niveles políticamente insostenibles, prolongados y en el preámbulo de años electorales.

Estados y alcaldías opositoras: lugares predilectos para la violencia

Los focos de violencia se destacan por estar ubicados en municipios que son gobernados por partidos de oposición. En la mayoría de los casos, las autoridades de estas entidades avalan directamente a los grupos violentos que comandan hechos de violencia o se desmarcan interesadamente para no asumir costos políticos.

Baruta, Chacao y Sucre como muestras del estado Miranda

En el último mes, gran parte de los hechos de violencia han ocurrido en estos tres municipios de Caracas gobernados por Gerardo Blyde, Ramón Muchacho y Carlos Ocariz, de Primero Justicia, respectivamente. Todos políticos del partido de Henrique Capriles Radonski, a cargo de estos municipios como gobernador del estado.

En estas zonas de Caracas es donde se han visto, por ejemplo, el uso de armas de fuego por parte de manifestantes, el linchamiento de policías, incendio de ambulancias, ataque a sedes públicas como la Dirección de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia y el lamentable asesinato de dos jóvenes estudiantes como Juan Pernalete y Armando Cañizales, ambos casos donde se presume que fueron asesinados por grupos violentos antigubernamentales.

Tal ha sido la permisividad de estas autoridades que hasta el propio alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, se dejó filmar cerca de los encapuchados, cuyo único fin es generar hechos de violencia contra las fuerzas de seguridad de Venezuela para la puesta en escena de imágenes que deslegitimen al Gobierno Bolivariano en el exterior.

Irribarren, Palavecino y el estado Lara

De la misma forma este modus operandi se repite en el estado Lara gobernado por Henri Falcón, del partido opositor Avanzada Progresista. El mismo partido que gobierna en los municipios Iribarren y Palavecino (Cabudare) por parte de Alfredo Ramos y José Barrera, respectivamente.

Ambos municipios han sido protagonistas de recientes hechos de violencia como el incendio de camiones de Mercal y una sede de Misión Nevado, junto al frecuente asedio a instalaciones públicas. Llegando a situaciones límites como la que ocurrió este martes cuando un grupo de encapuchados secuestró una gandola de combustibles bajo la amenaza de que la encenderían (como efectivamente lo hicieron) en caso de no liberarse a 141 de sus “compañeros”.

Hechos que ocurrieron con la complicidad del gobernador del estado, Henri Falcón, quien los trató como si fueran manifestantes pacíficos que realizaban un legítimo reclamo al Estado. El formato de negociar ante los medios de comunicación es una práctica habitual entre los grupos terroristas (creados y financiados por EEUU) como Al-Qaeda y el Estado Islámico.

La complicidad pasiva y activa de la autoridad política de estas zonas, por otro lado, ha alcanzando niveles tal que hasta los propios camiones del municipio Iribarren de Alfredo Ramos han sido los encargados de descargar basura para facilitar la colocación de barricadas.

Nauganagua y San Diego del estado Carabobo

Ambos municipios son gobernados por Alejandro Feo La Cruz y Rosa Brandioso de Scarano del partido Voluntad Popular. A diferencia de los dos estados antes nombrados, Carabobo es gobernado por Francisco Ameliach del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien frecuentemente ha denunciado los hechos de violencia protagonizados en estos dos municipios.

Nauganagua y San Diego, sin embargo, han sido los municipios con mayor violencia registrada con muertes de manifestantes y policías en choques, en los que los primero han usado armas de fuego para atacar reiteradas veces casillas de las fuerzas de seguridad. Entre los lamentables asesinatos destacan los del estudiante Hecder Lugo, en circunstancias aún no aclaradas, y el Policarabobo Gerardo Barrera, por un disparo en la ingle en medio de una protesta. Ambos casos se encuentran actualmente en investigaciones.

Estos hechos violentos en ambos municipios de la ciudad de Valencia han recrudecido en los últimos días. A tal punto que este jueves, bandas armadas fueron las encargadas de dirigir el saqueo a más de 90 comercios de los dos municipios, obligando a las autoridades a aplicar un plan especial para restituir el orden público en estas zonas.

Otras alcaldías y antecedentes

En la lista de municipios con focos de violencia también destacan San Cristóbal, estado Táchira; Libertador, estado Mérida; y Los Salías, estado Miranda. El primero gobernado por Patricia Ceballos del partido opositor Voluntad Popular, y los dos últimos por Carlos García y José Fernández de Primero Justicia.

Ambas fuerzas políticas implicadas en las protestas violentas auspiciadas en el exterior por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y altos funcionarios de la administración Trump como su vicepresidente Mike Pence y su presidente del Consejo de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, con quienes el máximo representante de la Asamblea Nacional en desacato, Julio Borges, ha tenido sendas reuniones en su paso por la Casa Blanca.

Para nada asombra la actuación de estos dos partidos, junto a Avanzada Progresista, Acción Democrática y Alianza Bravo Pueblo, debido a que han sido protagonistas del fallido intento insurreccional de 2014 denominado “La Salida”, y también de los saqueos sucedidos en 2016 durante el primer pedido de aplicación de Carta Democrática por parte de Almagro.

 

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Publicado el 05/09/2017 en Venezuela y etiquetado en , , , , , , . Guarda el enlace permanente. 1 comentario.

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