Las acusaciones de Human Rights Watch (HRW) se sustentan en informes de la Fiscalía, fallos judiciales, testimonios y documentos del Ejército de Colombia, que demuestran cómo entre el año 2.002 y 2.008, el Comandante del Ejercito y otros ocho Generales del alto mando autorizaron pagos a informantes, dirigieron y participaron en operaciones ilegales.

Encubrieron a subordinados que habrían asesinado a decenas de civiles, haciéndolos pasar como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.

Por ejemplo, en febrero del año 2.005, Martínez Espinel, Coronel, en ese momento, que se desempeñaba como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Fuerza Armada de Colombia, autorizó el desembolso de un millón de pesos a un informante.

Esto, para “el pago de información en contra de la cuadrilla 09 de las FARC y en contra de la cuadrilla José Manuel Mártires Quiroz del ELN, dando excelentes resultados”.

Sin embargo, decisiones judiciales han concluido que el operativo en cuestión fue en realidad una ejecución extrajudicial en donde fueron asesinaron los indígenas Hermes Enrique Carrillo y Nohemí Esther Pacheco, una niña de 13 años.

En un fallo del 2013, el Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Fiscalía investigar “la posible conducta por omisión de controles en que hayan podido incurrir los superiores”.

Los Generales Jorge Enrique Navarrete, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto, quienes aparecen en el informe, ya venían siendo investigados por la Fiscalía de Colombia en relación a casos de ejecuciones extrajudiciales.

Esto no impidió su nombramiento dentro de la cúpula militar: “Al nombrar a estos generales, el gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar”, señaló en el informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Hasta la fecha, unos 1.300 militares de bajo y medio rango han sido implicados por la justicia colombiana en los llamados “falsos positivos”. Hasta la fecha no se le ha imputado cargos a ningún General.

Además de los ya señalados, en el informe aparecen también los Generales Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, Jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, Comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro; Diego Luis Villegas Muñoz, Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; y Raúl Hernando Flórez Cuervo, Comandante del Centro Nacional de Entrenamiento.

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