Las acusaciones de Human Rights Watch (HRW) se sustentan en informes de la Fiscalía, fallos judiciales, testimonios y documentos del Ejército de Colombia, que demuestran cómo entre el año 2.002 y 2.008, el Comandante del Ejercito y otros ocho Generales del alto mando autorizaron pagos a informantes, dirigieron y participaron en operaciones ilegales.

Encubrieron a subordinados que habrían asesinado a decenas de civiles, haciéndolos pasar como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.

Por ejemplo, en febrero del año 2.005, Martínez Espinel, Coronel, en ese momento, que se desempeñaba como comandante de la Décima Brigada Blindada de la Fuerza Armada de Colombia, autorizó el desembolso de un millón de pesos a un informante. Lee el resto de esta entrada